LA VENTA CLANDESTINA DEL AERÓDROMO DE COLLIQUE

La venta de este inmenso terreno se firmó clandestinamente en una notaría de San Isidro el 11 de mayo de 2010, a espaldas de la ciudadanía y tan solo con dos operadores del Estado peruano, un director de Proinversión y un gerente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el afortunado comprador, el Consorcio DHMont & CG & M S.A.C., encarnado por su gerente general Ricardo Mont Ling. Ni siquiera un ministro aportó con su presencia.

Se estaban vendiendo instalaciones e infraestructura aeronáutica que, según normas antiguas pero vigentes, pertenecían a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que no gestionó la inscripción de esas obras civiles en la SUNARP a su nombre. La inexistente regulación de la propiedad del aeródromo dejó en el limbo el asunto de quién realmente era el propietario formal de las 64 hectáreas; el aeródromo de Collique era “tierra de nadie” en la SUNARP, lo que facilitó a gerentes de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y el resto del elenco tras el negociado de Collique para presentar a la SBN como el dueño del terreno. Pero si esto significaba un pisotón al Estado de derecho, más lo fue el hecho de que se estaba vendiendo una donación que hizo la Liga Nacional de Aviación (LNA) al Estado peruano; el capital que utilizó la LNA para comprar el terreno de Collique y construir el aeródromo nació de los aportes de más de 500,000 peruanos de toda la costa, sierra y selva, de todo origen socio-económico y cultural, incluso peones de hacienda donaron dinero, si es que los escépticos no se convencen.

La venta del aeródromo de Collique hecha para desfigurar su territorio y dar paso a la construcción de edificios de uso masivo se formaliza con un contrato de compra-venta que aplasta todo el testamento que dejó la Liga Nacional de Aviación, para imponer a un nuevo propietario, el Consorcio DHMont y tejer la serie de obligaciones y demás acuerdos para construir lo más rápido posible las dieciséis mil (16000) unidades de vivienda (departamentos) sobre las tierras del aeródromo. Añadido a ese contrato, se enganchaban otros contratos como un contrato de desarrollo inmobiliario y construcción de nuevo aeródromo, y sendos contratos de fideicomiso para las viviendas familiares y el aeródromo en Grocio Prado, el supuesto reemplazo de Collique. Misteriosamente, en setiembre de 2010 DHMont le termina vendiendo 29 hectáreas a GMV S.A. (después Viva GyM), brazo inmobiliario de Graña y Montero.

Misteriosamente, en setiembre de 2010 DHMont le termina vendiendo 29 hectáreas a GMV S.A. (después Viva GyM), brazo inmobiliario de Graña y Montero

EL ASESINATO DEL AERÓDROMO

Firmados los contratos y con apenas algunos anuncios de Proinversión que mostraban a DHMont como la empresa encargada de ejecutar el proyecto privado sobre Collique (después de haberle serruchado el piso a Graña y Montero con una oscura sentencia de una sala del Tribunal Constitucional), nadie conocía oficialmente quién era realmente el nuevo propietario si es que no se daba una vuelta por la SUNARP y desinfla su billetera para que el registrador verifique en el computador los títulos del nuevo propietario del aeródromo de Collique. Que por cierto, seguía en actividad por sus inquilinos aviadores, casi todos sometidos a un juicio por desalojo a excepción del piloto civil Carlos Prado Flores, que incluso ostentaba garantías posesorias otorgadas por la Gobernación de Comas (dependencia del Ministerio del Interior) que lo reconocían como el legítimo posesionario (ocupante formal reconocido por el Estado) de la mitad del terreno. El Estado ya no lo podía calificar de intruso en el aeródromo.

Los vecinos que estaban protestando en contra de la venta fueron agredidos por los obreros, incluso al señor Juan Santos le rompieron la cabeza de un piedrazo, mientras los militares FAP, junto a un mayor FAP que portaba un revólver cargado, veían cómo se tomaba por asalto la entrada de Collique sin mover un dedo

El despojo contra el piloto Prado y demás aviadores (César Atala Vivanco, José Albatrino Ledesma, Miguel Ángel Álvarez Calderón, Pedro Antonio Larrañaga Seras, y otros) ocurrió un lunes 17 de mayo de 2010 cuando aproximadamente 400 obreros de construcción civil vestidos con las clásicas chaquetas naranja con el logo de DHMont tomaron por asalto las dos puertas libres del aeródromo y la garita de prevención. Los vecinos que estaban protestando en contra de la venta fueron agredidos por los obreros, incluso al señor Juan Santos le rompieron la cabeza de un piedrazo, mientras los militares FAP, junto a un mayor FAP que portaba un revólver cargado, veían cómo se tomaba por asalto la entrada de Collique sin mover un dedo. Todo ello, con el aval de unos policías que habían llegado para defender nada menos que a los invasores. La usurpación finaliza con los dos muros de ladrillo sobre las antiguas puertas abiertas y muros en la ventana y puerta de la garita de prevención.

VIDEO DE LA USURPACIÓN

FISCALES COMO DEFENSA TÉCNICA DE LOS IMPUTADOS

La parte puramente legal se redujo a las acciones del piloto civil y propietario de aeronaves Carlos Alberto Prado Flores, asistido por su abogado William Molina Tovar. Mientras que en la parte política hizo lo suyo el FREDECORA, grupo de vecinos del aeródromo, que promovieron grandes movilizaciones e incluso elaboraron una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso y una denuncia penal en la fiscalía anticorrupción, aunque sin éxito alguno en ambos casos. El piloto Prado Flores presentó varias denuncias penales, pero fueron cayendo una a una por la venia de algunos fiscales y jueces o por tramposos y tan repetidos sobreseimientos.

La denuncia penal (denuncia 245-2010 ante la 52° Fiscalía Provincial Penal de Lima) por la venta ilícita del aeródromo de Collique, que imputaba delitos de estelionato y falsedad ideológica contra Jorge León Ballén (Proinversión), Franco Soria Palacios (SBN) y Ricardo Mont Ling (DHMont) por haber vendido ilegalmente Collique, fue desestimada en 3 oportunidades por el fiscal provincial Arturo Chalco Cornejo, las dos primeras veces fue impugnada con quejas de derecho que fueron declaradas fundadas en parte por el fiscal superior Martín Nicanor Retamozo Roca, pero la última queja de derecho fue declarada infundada por el fiscal superior Miguel Espinoza Velásquez, puesto a última hora por el entonces fiscal de la Nación José Peláez Bardales en reemplazo del fiscal superior Retamozo Roca.

la última queja de derecho fue declarada infundada por el fiscal superior Miguel Espinoza Velásquez, puesto a último momento por el entonces fiscal de la Nación José Peláez Bardales en reemplazo del fiscal superior Retamozo Roca.

La invasión que había sufrido el aeródromo de Collique por parte del personal hamponesco de DHMont, dio pie a que algunos oficiales FAP coquetearan con dichos obreros para poder ingresar y sustraer aviones del hangar del sr. Prado. Así, contra todo pronóstico, los hombres de azul se unieron a los invasores y rompieron el candado del hangar del mencionado piloto civil para sustraer cuatro planeadores (aeronaves sin motor) valorizados en conjunto en un total de dos cientos mil (200,000) dólares americanos. El hecho fue motivo para la presentación de denuncia penal ante el Ministerio Público de Lima Norte por graves delitos: hurto agravado, receptación, abuso de autoridad y usurpación agravada. Todo este paquete del Ministerio Público evolucionó en un proceso penal (Exp. 7479-2011 ante el 3° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte) y alcanzó a llevar a los tribunales a un comandante general de la FAP, Carlos Samamé Quiñones. Sin embargo, el proceso penal acabó en una prescripción en el 2013 luego de que el fiscal a cargo variará el abanico de delitos antes mencionados al leve delito de Ejercicio arbitrario de derecho/Justicia por propia mano y que contó con el consentimiento de la señora juez a cargo del caso.

Como si hurtar planeadores fuera poco, también la faena delictiva alcanzó a los aviones de propiedad del sr. Carlos Prado que fueron desmantelados por los trabajadores de DHMont que ingresaban a todos los hangares del usurpado aeródromo como Pedro por su casa. También se elaboró una denuncia penal por hurto agravado que pasó a proceso penal (expediente 7127-2012 ante el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte), pero fue derribado por un oscuro sobreseimiento, aprobado por fiscales y jueces. Incluso contó con el visto bueno de un fiscal superior.

fiscales de Lima Norte firmaban sobreseimientos en base a cuestionables argumentos como usar el testimonio de personas que no estuvieron en el momento de la usurpación (testigos falsos a secas) para desacreditar la posesión del agraviado , el piloto Prado Flores. Incluso por el hecho de que dichas personas apenas eran unos precarios cuidadores, fiscales les daban el estatus de "posesionarios".

Finalmente, la denuncia penal por usurpación agravada, se formalizó en un proceso penal (exp. 5888-2011 ante el 2° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y luego en el 7° Juzgado Penal de la susodicha corte) en el cual se sostenía la tesis de que el gerente general del Consorcio DHMont actuó como cabecilla para usurpar el aeródromo al posesionario legítimo al haber ordenando a sus trabajadores a invadir el terreno. Sin embargo la acción penal contra los imputados daba vuelta en U después de que fiscales de Lima Norte firmaban sobreseimientos en base a cuestionables argumentos como usar el testimonio de personas que no estuvieron en el momento de la usurpación (testigos falsos a secas) para desacreditar la posesión del agraviado , el piloto Prado Flores. Incluso por el hecho de que dichas personas apenas eran unos precarios cuidadores, fiscales les daban el estatus de "posesionarios". Después de idas y venidas entre el Ministerio Público y el Poder Judiciales, quejas de derecho y apelaciones de por medio, hasta demasiado sospechosas demoras en el trámite del proceso,  el caso empezó a caer cuando el gerente general de DHMont, Ricardo Mont Ling, fue excluido del proceso penal por una oscura excepción de cosa juzgada (ne bis in idem). Luego, el resto de denunciados se salvó por la prescripción resuelta de oficio el 27 de mayo de 2019 por tres vocales de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los magistrados Rubén Roger Duran Huaringa, Elizabeth Pilar Huarincancha Natividad y Luis Antonio La Rosa Paredes. 

PODER (PER)JUDICIAL

La demanda de nulidad de acto jurídico para anular el contrato de compra-venta, se presentó un 18 de octubre de 2010 ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Se generó el expediente 23216-2010 ante el 5° Juzgado Civil de Lima después de varios impasses por establecer qué tipo de juzgado debía ver la demanda de marras. Los demandados ya habían sido establecidos: el Consorcio DHMont, la SBN, Proinversión. La demanda además alcanzó a Viva GyM (bajo la figura de Litisconsorte Necesario Pasivo) y la Fiduciaria (Tercero Litisconsorcial). No fue sino hasta julio de 2014 que se conoció la resolución que declara infundada la demanda. Esta decisión fue apelada prontamente y aterrizó en la primera sala civil de la mencionada corte. Dicha sala estaba integrada por los vocales César Solis Macedo, Martín Hurtado Reyes y Héctor Lama More. Los mismos que estaban viendo la demanda de Alan García Pérez para anular lo actuado hasta entonces por la Megacomisión, los dos primeros habían fallado a favor de García. El 16 de setiembre de 2015 los tres magistrados, por unanimidad, fallan en contra de la demanda para anular la venta. Esta decisión fue motivo para una casación que llegó a la sala civil transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Esta sala estaba conformada por los vocales Ángel Henry Romero Díaz, José Felipe de la Barra Barrera, Ulises Yaya Zumaeta, Enrique Javier Mendoza Ramírez (quien fue puesto a último momento) y Francisco Miranda Molina. Los cuatro primeros fallan en contra de la casación (en contra de la demanda), o sea a favor de Graña y Montero y amigos, mientras que vocal Miranda Molina fue el único magistrado que votó a favor de la casación. Esta sentencia está impugnada con una demanda de amparo (Expediente N.° 18644-2017-0-1801-JR-CI-03 ante el 3° Juzgado Constitucional).

CONTRATOS BAJO LA LUPA

Después de que Viva GyM tenía el camino libre para la construcción de las viviendas, pues el gerente general de DHMont fue el que cargo con la cruz del caso Collique al recibir todas las denuncias penales, este tenía que lidiar con los contratos. En el testimonio de Contrato para el Desarrollo de Proyecto Inmobiliario y la Construcción del Nuevo Aeródromo se establece en la Cláusula 4.4. EL INVERSIONISTA (DHMont)se obliga a la ejecución de un mínimo de 3000 unidades inmobiliarias (departamentos) en un periodo no mayor de tres años computados desde el inicio del plazo a que se refiere el Numeral 4.2.1. El cumplimiento de la presente obligación no será materia de prórroga alguna.

El inicio del cómputo arrancaba el 11 de mayo de 2011 y por tanto finalizaba el 11 de mayo de 2014. Se podría afirmar que existiría un incumplimiento amenos que se muestre una addenda que le estire a la constructora de marras los plazos para la culminación de los ansiados "depas", pero ninguna addenda apareció mencionada en el OFICIO N° 668-2015-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU de fecha dirigido 06 de junio 2016, y firmado por la Directora General de Proyectos y Programas de Vivienda y Urbanismo, donde se muestra que el Consorcio DHMont solo consiguió construir hasta el 2016 apenas 1640 unidades inmobiliarias (departamentos).

¿Por qué el Ministerio de VIvienda, Construcción y Saneamiento (MVCyS) tolera ese evidente incumplimiento y por qué sigue conectado con DHMont en lugar de buscar los servicios de una nueva constructora?

Por si eso fuera poco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene participación en el Testimonio de la escritura de Contrato de Fideicomiso en Administración da cuenta que el 7 de marzo de 2011 se entregó al CONSORCIO el Estudio de Preinversión (Factibilidad), iniciándose a partir de dicha fecha el cómputo del plazo para la elaboración del Expediente Técnico (que en realidad es un conjunto de "pequeños" expedientes técnicos repartidos por especialidades como cerco perimétrico, servicio de drenaje, sistema contra incendios, etc. por obra y gracia de una addenda firmada por Enrique Cornejo Ramírez cuando era ministro de Transportes). Según documentación de la procuraduría del MTC, el plazo para la entrega de la totalidad de esos pequeños expedientes técnicos, que es de un año más posibles ampliaciones, contado desde la entrega del Estudio de Preinversión (07 de marzo del 2011), venció el 26 de abril del 2013.

la Fiduciaria S.A. (que administra exclusivamente el dinero) no da cuenta, al menos al cierre de esta nota, de los estados financieros del dinero del fideicomiso: los poco más de 56 millones de soles (más los intereses) que pagó, aunque con préstamo, DHMont para comprar las 64 hectáreas de Collique. Es decir, no se conoce cuál es el paradero de ese dinero que tiene que usarse para construir en el aeródromo en Grocio Prado

¿Por qué el Ministerio de Transportes no ha presentado acciones contundentes contra DHMont? Pero hay algo más picante que estos expedientes inconclusos, la Fiduciaria S.A. (que administra exclusivamente el dinero) no da cuenta, al menos al cierre de esta nota, de los estados financieros del dinero del fideicomiso: los poco más de 56 millones de soles (más los intereses) que pagó, aunque con préstamo, DHMont para comprar las 64 hectáreas de Collique. Es decir, no se conoce cuál es el paradero de ese dinero que tiene que usarse para construir en el aeródromo en Grocio Prado, a todas luces inviable si apenas vemos su lejana ubicación. El último pedido hecho por el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Juan Carlos Pavic Moreno al gerente de la Fiduciaria, fue el 18 de diciembre de 2017 con el OFICIO N° 780-2017-MTC/12. 

La inexistencia de un reemplazo al aeródromo de Collique en la ciudad de Lima es el síntoma más palpable de la corrupción en el caso Collique, se ha destruido infraestructura aeroportuaria prácticamente irreemplazable en la tugurizada capital peruana, y que ahora el sistema de transportes peruano demanda con urgencia tras el colapso del servicio de transporte terrestre, nadie que haya hecho gestiones para negociar el famoso aeródromo en Comas aparece cuestionado por la opinión pública o los líderes políticos a pesar de la aparente corriente de la lucha contra la corrupción, tienen la ventaja de estar bajo la protección del monopolio de la desinformación y el coro del silencio que se mantiene en este auténtico "Lava Jato criollo".