Uno de los requisitos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCyS) exige a las inmobiliarias para que el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) les pueda dar subsidios (plata del Estado), y con esto le den la facilidad económica a sus clientes, es que cumplan con el requisito de inexistencia de litigios sobre el terreno en el cual construyen el condominio. Obviamente para no poner en riesgo la inversión del Estado pues entendemos que en el sector vivienda no tienen pitonisas que les predigan los fallos de jueces en un litigio. O al menos eso parece.

El problema viene cuando las instituciones del sector vivienda se enteraron de la demanda para anular la venta de Collique y que los demandados son DHMont y Viva GyM (inmobiliaria de Graña y Montero), o sea los nuevos “propietarios” del famoso aeródromo en Comas. En el FMV se informaron a raíz de la carta del piloto civil Carlos A. Prado Flores del 22 de febrero de 2013 en la cual expone el prontuario de denuncias del caso Collique, en donde destaca la demanda para anular la venta, demanda que recién es aceptada un 9 de noviembre de 2011 cuando por fin un juez, Moritz Leónidas Guizado Torres, la admite a trámite. El encargado de la gerencia general del FMV, Martín Gustin de Loarte, mismo Poncio Pilatos se lava las manos y pasa la pelota al MVCyS donde la carta durmió el sueño de los justos o los directores se hicieron los suecos.

A DHMont el Poder Judicial le empezó a notificar de la demanda el 27 de enero de 2011, aunque todavía no se había admitido a trámite (recién esto sucede en noviembre de ese año). Valiéndose de ello, el gerente de DHMont, Ricardo Mont Ling, acudió el 10 de febrero de 2011 al Ministerio de Vivienda a solicitar su inscripción para tener las ofertas del programa Techo Propio. Sin mayores demoras, el Comité de Registros de Proyectos presidido por el abogado Manuel Balcázar Vásquez aprobó el 29 de marzo de 2011 la inscripción.

En el caso de Viva GyM fue más rochoso. Como su trámite se hizo en el 2015, era innegable que había litigio para rato sobre Collique (ya se había admitido a trámite). Tal es así que cuando el ejecutivo de Viva GyM (inmobiliaria de Graña y Montero) y socio de José Graña Miró Quesada "Pepe Graña", Fernando Llosa de Cárdenas, acudió al Ministerio de Vivienda a pedir subsidios para sus construcciones en "su" terreno (aeródromo de Collique), declaró textualmente: "Con relación a la existencia o no de litigios vinculados con el terreno...cumplimos con señalar que en la actualidad nuestra representada se encuentra en la imposibilidad de declarar la inexistencia de los mismos, en la medida que existe pendiente un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, identificado con el Expediente N° 23216-2010 ".

El señor Llosa y su compañía se excusaban de cumplir con el requisito de la inexistencia de litigios argumentando que fueron pobres víctimas del Estado peruano, y que ellos tenían confianza al 100% en la gestión que hizo el segundo gobierno de Alan García al momento de vender los terrenos del aeródromo de Collique, que por eso pusieron sus inversiones en esas tierras. Luego de un soporífero etcétera de formalismos, cuando no cuitas, el ejecutivo de Viva GyM pide que se acepte el requisito de inexistencia de no litigios ¡a pesar de reconocer que tiene hay un litigio pendiente! ¡Y de pronto llueve para arriba! Leídos los "argumentos", el Comité de Registro de Proyectos del MVCyS le dio el 1 de abril de 2015 el ansiado registro a partir del cual tuvieron luz verde para recibir los jugosos subsidios ¡Quién como los de Graña y Montero! El comité en mención estuvo presidido por la arquitecta Gina Carolina Scerpella Zevallos, salpicada por el escándalo Lava Jato según la recomendación de denuncia de la comisión congresal del mismo nombre. Por cierto, el litigio actual del caso Collique es la demanda de amparo contra los vocales de la Corte Suprema, nota que se publicó anteriormente en este humilde espacio.

En cuanto al monto de los subsidios entregados, para julio de 2019 DHMont registra poco más de 11 millones de soles, mientras que Viva GyM registra para junio de 2019 casi 8 millones y medio de soles.

Con lo expuesto, vienen las preguntas: ¿Cómo es que los funcionarios del sector vivienda pudieron apostar toda esa cantidad de dinero del erario público a riesgo de perderse si la venta de Collique se anula?, ¿qué les costaba a los señores del Ministerio de Vivienda o del Fondo MIVIVIENDA inhibirse hasta que haya un fallo judicial definitivo?, ¿quién o quiénes se lo impedían?

También merecemos explicaciones de la parte empresarial: ¿Tienen DHMont y Viva GyM en su planilla a buenos jugadores de Las Vegas para apostar grandes inversiones y tener buenas predicciones? o ¿tienen pitonisas en su equipo? Viendo el actual panorama de Lava Jato en donde uno de los ejecutivos de Viva GyM, el señor José Alejandro Graña Miró Quesada, se ha acogido a la colaboración eficaz, podemos preguntar también ¿o es que los jueces de Lima no fueron ajenos al carnaval de cutras de los personajes de Lava Jato?